En general, la normativa obliga a entidades públicas y privadas a adoptar medidas para evitar la ocurrencia de maltratos contra mujeres, denunciar y derivar a tiempo.
Representantes de las Oficinas de Informaciones, Reclamos y Sugerencias -OIRS- de diversos organismos públicos de la región se reunieron para analizar la Ley Integral Contra la Violencia de Género 21.675 que entró en vigencia el pasado 14 de junio, puesto que ejercerán un rol preponderante en la atención y derivación de casos de maltratos hacia mujeres.
La labor de quienes reciben a diario consultas a través de esta Oficinas estará regulada por la nueva ley que entrará en plena operatividad cuando sean elaborados, al cabo de un año desde su promulgación, los reglamentos por parte de los ministerios de la Mujer y la Equidad de Género, Educación, Salud, Trabajo y Justicia y Derechos Humanos.
“Esperamos que los organismos del Estado trabajen de forma colaborativa para que esta ley se pueda implementar de manera adecuada. Con este propósito estamos capacitando a distintas instituciones para que conozcan de qué trata la ley, sepan derivar y conocer lo que ofrecen distintos organismos el Estado y de este modo las mujeres tengan una vida libre de violencia” afirmó la seremi de la Mujer y la EG, Hannah Goldener Callejas.
Diversos artículos de la nueva norma abordan la tarea que tendrá el aparto del Estado, y que en la región son alrededor de diez mil funcionarias y funcionarios públicos en total, para atender mujeres de distintas edades ante todo tipo de violencia no sólo los maltratos físicos, sicológicos y sexual, pues la ley reconoce además la violencia económica, simbólica, institucional, política, laboral y gineco obstétrica.
Quienes trabajan en las OIRS deberán tomar ciertos resguardos en caso de pesquisar casos de maltrato de género basándose en dos principios: la debida diligencia y evitar la victimización secundaria, esto es, que la mujer repita y reviva el episodio de violencia en varias ocasiones. Por ello, el Ministerio de la Mujer y la EG deberá coordinar un Sistema Integrado de Información sobre Violencia de Género.
Rol del SernamEG
La actividad fue organizada por la Secretaría Regional Ministerial de la Mujer y la Equidad de Género y el programa de capacitación en violencia de género del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, proyecto que cuenta con financiamiento del Fondo Nacional de Desarrollo Regional aprobado por el Consejo Regional y el Gobierno Regional.
El SernamEG tendrá un rol preponderante cuando esta ley opere a cabalidad. Un aspecto clave se basa en que la nueva ley otorgará al SernamEG la facultad de interponer querellas ante diversos tipos de femicidio y suicidio feminicida, sin necesidad de contar con representación o una carta de patrocinio directo por parte de la mujer que vivió violencia o sus familiares. Esta condición amplía las facultades del Servicio para incorporar la perspectiva de género en las causas judiciales.
“Esto reviste un cambio fundamental, ya que antes teníamos leyes que permitían abordar la violencia sólo en ciertos ámbitos. No teníamos esta ley ‘paragua’ que habla y eleva el concepto de violencia contra mujeres, de género y sus diferentes expresiones. Además, posiciona a nuestro país con estándares internacionales al dar cumplimiento a varios preceptos derivados de la Convención Belem Do Pará”, dijo la directora regional del SernamEG, Gabriela Araya Seguel.
La titular del SernamEG destacó que las leyes aprobadas anteriormente en esta materia, una vez recuperada la democracia, fueron promulgadas por gobiernos progresistas como la ley 19.325 promulgada en agosto de 1994 por el ex Presidente de la República Eduardo Frei Ruiz Tagle; la ley 20.066 vigente desde septiembre de 2005 durante la administración del ex Presidente Ricardo Lagos Escobar y la actual, por el Presidente en ejercicio, Gabriel Boric Font, después de siete años de tramitación en el Congreso. “Esto, sin duda, nos contenta porque era una deuda pendiente con las mujeres”.
Durante la jornada realizada en Antofagasta, la abogada Deborah Medero Carvajal se explayó en la ley 21.675, mientras que el abogado del SernamEG, Carlos Valdés Ledezma, se refirió a la reestructuración del programa Violencia de Género de este Servicio, a fin de optimizar la labor profesional en cada comuna de la región y poner el foco en el riesgo que enfrentan las mujeres ante agresiones machistas.
