La exalcaldesa de la ciudad de Antofagasta se fugó de Chile el 23 de marzo de 2022 para evitar una condena de cinco años y un día de prisión por un delito de fraude al fisco.
Este lunes 13 de marzo, los jueces de Países Bajos tomarán la decisión si deportar o no a la exalcadesa de Antofagasta, Karen Rojo, luego de recibir las exposiciones de las partes tanto acusadora como defensora.
Así lo dio a conocer el medio El Desconcierto, esto en el marco del litigio que resolvería la situación de una posible extradición tras zafarse de una condena de cinco años y un día por el delito de fraude al Fisco (Caso Main Comunicaciones).
Para contextualizar, el 8 de diciembre del año pasado, la Corte de Rotterdam pidió un informe a la Cancillería para saber si el delito por el cual fue condenada la ex alcaldesa está considerado entre los que la Convención de las Naciones contra la Corrupción (UNCAC) declara como extraditables.
Cronología de la acción judicial El 8 de diciembre del año pasado, la Corte de Rotterdam pidió un informe a la Cancillería para saber si el delito por el cual fue condenada la ex alcaldesa está considerado entre los que la Convención de las Naciones contra la Corrupción (UNCAC) declara como extraditables.
Y ese informe ya fue evacuado y recepcionado en Países Bajos. En el escrito titulado de ocho páginas se responde a dos preguntas que evacuó el Ministerio de Justicia y Seguridad de Holada: “¿El delito contenido en la solicitud de extradición estaría contenido en el artículo 44 de la UNCAC” y “si el artículo 239 del Código Penal chileno contiene un delito que cabe dentro del artículo 17 de la UNCAC”.
El gobierno planteó ante la Corte de Apelaciones de Rotterdam, que el delito de fraude al Fisco cometido por Rojo, sí está contemplado en el acuerdo internacional de extradiciones.
La exalcaldesa de la ciudad de Antofagasta se fugó de Chile el 23 de marzo de 2022 para evitar una condena de cinco años y un día de prisión por un delito de fraude al fisco cometido entre 2015 y 2016 en el marco del llamado «Caso Main». Según la condena, la mujer contrató los servicios de la empresa Main Comunicaciones para mejorar su imagen de cara a la reelección de 2016 utilizando fondos públicos destinados a educación y salud por valor de 24 millones de pesos.
Fuente: El Desconcierto
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