La acción legal fue interpuesta en contra de quienes resulten responsables, “por afectar la seguridad pública y carcelaria del país”, al revelar información sensible sobre el funcionamiento del sistema de bloqueo de telefonía.
Por Mario Tapia Godoy
El Director Nacional de Gendarmería de Chile, Sebastián Urra Palma, interpuso una querella ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, contra de quienes resulten responsables de la filtración del informe reservado de Contraloría, que expone una serie de datos respecto al funcionamiento del Sistema de Gestión de Bloqueo de Telefonía, implementado en 3 unidades penales de la Región Metropolitana.
De acuerdo a la querella, “en el marco de un proceso de investigación especial y fiscalización al proceso de implementación del sistema de bloqueo de señal de telefonía en recintos penitenciarios, realizado por la Contraloría General de la República, se emitió informe final con carácter de reservado, ya que la publicidad de su contenido podría afectar gravemente la seguridad pública”.
Sin embargo, a pocos minutos de emitido el informe, éste fue obtenido por diversos medios de comunicación de circulación nacional, "sin reservas de ningún tipo, que protegiera la información que pudiere afectar la seguridad pública, y en especial la carcelaria".
Según la acción legal, esta grave vulneración constituye los delitos de violación de secreto, delito de infidelidad en la custodia de documentos, y delito informático.
Tras conocer el informe, el Director de Gendarmería explicó que las observaciones de Contraloría ya han sido acogidas, e incorporadas dentro del proceso licitatorio que se lleva a efecto para las próximas 9 unidades penales donde se implementará el sistema de bloqueo.
Mientras que, en un punto de prensa el Director Nacional, Sebastián Urra Palma, aseguró que, “el sistema sí funciona. Eso produce tranquilidad tanto para el entorno más cercano del cuadrante Pedro Montt, así como también en el ámbito de la seguridad nacional respecto del combate a la criminalidad”.
Finalmente, según cifras entregadas por la Institución, a un año de implementar la medida, se ha logrado bloquear un total de 51.049 chips, y 37.329 aparatos telefónicos y módems wifi, que, en su mayoría han sido incautados desde las unidades penales.
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