DT realiza programa de fiscalización en el transporte público de Antofagasta

El plan apunta a determinar la existencia o no de contratos de trabajo y registros de jornada laboral, además de verificar las condiciones de seguridad y salud de los conductores.

La Dirección del Trabajo inició un plan de fiscalización al transporte público de la región de Antofagasta con el objetivo de determinar eventuales incumplimientos entre las líneas de transporte, los empresarios dueños de las máquinas y los conductores.

El programa fue lanzado durante la visita que realizó el director nacional del Trabajo, Pablo Zenteno Muñoz, a la región y tiene por objetivo verificar el cumplimiento de la contratación de los/as trabajadores/as, revisión de las condiciones laborales, y temas de seguridad y salud en el trabajo. “Esto es parte del compromiso que tiene el gobierno con el respeto de los derechos laborales, con la garantía del trabajo decente. En el ámbito de la fiscalización esperamos hacer valer esos derechos”.

La autoridad agregó que ”por cierto, los empleadores tienen derechos asociados al procedimiento de fiscalización en curso, sin embargo ya hemos constatado situaciones particulares, sobre todo aquellas relacionadas con el vínculo jurídico existente entre conductores, dueños de máquinas y los operadores, situación que está siendo analizada por los fiscalizadores”, explicó Zenteno quien visitó las instalaciones de la línea 103 del TransAntofagasta, ubicadas en el sector de La Chimba, zona norte de la capital regional.

Respecto al plan de fiscalización, éste se inició el 3 de julio y se extenderá hasta el 6 del mismo mes, y se genera a raíz de las denuncias presentadas por los sindicatos de conductores/as del transporte. De acuerdo a las primeras constataciones de los fiscalizadores de la Inspección del Trabajo, los vínculos contractuales son el principal foco de irregularidad, por lo que a partir del procedimiento se le da un plazo acotado al empleador para regularizar la situación o, de lo contrario, se aplican las sanciones que contempla la legislación laboral.

En el operativo, los/as inspectores/as del Trabajo estuvieron acompañados, además de Zenteno, por la directora regional del trabajo de Antofagasta, Margarita López y la Seremi del Trabajo y Previsión Social, Camila Cortés.

En relación al cumplimiento de la normativa laboral a nivel local, la directora del Trabajo regional precisó que “lo que buscamos con estos procedimientos de fiscalización es el cambio de la conducta de los empleadores/as. Como ente fiscalizador velamos por el cumplimiento de las normativas y aplicamos sanciones, pero la búsqueda final es el ajuste a la normativa laboral”.

Inauguración de oficina y reuniones protocolares

La visita del director nacional del Trabajo también estuvo marcada por la inauguración de la oficina de la Inspección Provincial de Antofagasta, que implicó una inversión cercana a los $180 millones para remodelar el edificio ubicado en pleno centro de Antofagasta.

“Este edificio nos entrega condiciones de seguridad, ventilación y sanidad que el anterior no poseía. Lo mismo ocurre con las mejoras en materia de conectividad. La reubicación de nuestra oficina partió a raíz de la solicitud de las propias asociaciones de funcionarios/as y por un decidido apoyo de los diputados y senadores de la región. A eso se sumó nuestra disponibilidad presupuestaria, que hoy nos permite contar con un lugar más cómodo para la atención de nuestras usuarias y usuarios”, explicó Zenteno.

Más temprano, la agenda del director del Trabajo se inició con un saludo a los/as funcionarios/as de la Dirección Regional para luego continuar con un diálogo con la delegada presidencial regional, Karen Behrens, y también con el seremi de la Secretaría General de Gobierno, Pablo Iriarte, a quienes se le informó que el servicio destinó presupuesto para mejorar la infraestructura de atención a público y un vehículo adicional para mejorar la capacidad fiscalizadora en terreno, además de la contratación de 11 personas para asumir distintas funciones en toda la región, en procesos que se efectuaron en el segundo semestre de 2022 y a mediados de 2023.