Corte Suprema Revoca Compra de Autos Lexus Tras Críticas.

La Corte Suprema revoca la compra de 22 autos de lujo Lexus tras críticas por su elevado costo. La medida se toma luego de una reunión entre ministros de la corte y el director administrativo, respondiendo a la controversia pública.

La Corte Suprema de la República ha dado marcha atrás en su decisión de adquirir 22 vehículos de lujo de la marca Lexus, luego de que surgieran críticas tanto desde dentro como fuera del Poder Judicial. La medida, que generó controversia por su costo de más de 1.200 millones de pesos para el Estado, fue revocada tras una reunión entre los ministros de la corte y el director del Consejo Superior de la Corporación Administrativa.

La compra, parte de la renovación de la flota automotriz de los ministros de la Corte Suprema y el fiscal adjunto, tenía como objetivo reemplazar vehículos con ocho años de antigüedad. Sin embargo, el elevado precio de los automóviles de lujo, valuados en aproximadamente 56 millones de pesos cada uno, provocó críticas por parte de legisladores y representantes del poder Ejecutivo.

Incluso el Presidente de la República, Gabriel Boric, expresó una crítica implícita durante la entrega de vehículos para Gendarmería, al llamar a la "austeridad" en el uso de los recursos públicos.

La explicación dada desde la Corte Suprema señala que, si bien la Dirección de Presupuesto no había visado la compra, el Poder Judicial tenía autonomía para utilizar sus recursos según considerara conveniente. Además, se mencionó que, si bien la Dirección de Presupuesto había asignado fondos adicionales para necesidades manifestadas por el Poder Judicial, no se había respondido a la solicitud específica de renovación de vehículos.

En consecuencia, tras considerar las diversas opiniones y con una cuenta detallada de la situación, se decidió dejar sin efecto el acuerdo para la compra de los automóviles Lexus Modelo ES300H. La medida fue tomada por la mayoría de los miembros presentes en la sesión.

Esta reversión en la decisión refleja la sensibilidad de las instituciones públicas ante el escrutinio ciudadano y resalta la importancia de la transparencia y el uso responsable de los recursos del Estado.