Por Pedro Araya Guerrero
Senador Región Antofagasta
Luego que se diera a conocer que Antofagasta quedaba excluida del bono de zona extrema para los funcionarios públicos no solo surgió la urgente necesidad de aclaración para dar tranquilidad a los trabajadores de nuestra zona sino que surgió también el entender qué se entiende por zona extrema y por ello resulta hoy tremendamente necesario que el Gobierno aclare estos conceptos a fin de evitar posteriores situaciones que no solo complejizan a trabajadores sino que también a sus familias.
Tras reunirme con diferentes gremios solicitamos al Gobierno aclarar la información, respecto al pago de este bono en la zona de Antofagasta para dar tranquilidad a los trabajadores y así evitar interpretaciones erróneas. Se entiende la preocupación y esto nos hace reflexionar respecto de la necesidad de contar con políticas claras, en todo orden de cosas, pero más aún en lo que a temas laborales y de remuneraciones se refiere.
Pensando en el rol fundamental que tienen los funcionarios públicos no es sano ni correcto instalar dudas entre los trabajadores de allí que destaquemos el rol de la Anef para disipar dichas dudas. También comentó que este tema estaba siendo monitoreado por las dirigencias y estaban a la espera de la rectificación por parte del ministerio.
En este sentido, se agradece la buena y rápida disposición de los ministros Marcel y Elizalde, pero sin duda que hoy lo que urge es dictar una aclaración con el objeto de evitar errores en la interpretación y aplicación del reglamento de zonas extremas y de esta forma, garantizar que los funcionarios públicos reciban íntegramente sus remuneraciones.
En casi todos los países, el Estado es el empleador más importante, y en este sentido el rol de los servicios públicos y sus empleados es vital, ya que deben proporcionar un trabajo profesional y de calidad pero que suele, en la mayoría de los casos, considerar aspectos sociales ya que se trata con personas y sus necesidades e inquietudes.
No volvamos a caer en problemáticas referidas a falta de claridad en la normativa, para generar un desarrollo país sostenible debemos proporcionar servicios de calidad a los ciudadanos y para lograr el esperado crecimiento es necesaria la buena gobernanza y la trasparencia en todo ámbito y proceso
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