La diputada Catalina Pérez dejó su militancia en el Frente Amplio tras revelarse nuevos antecedentes que la vinculan al caso Convenios, relacionado con presuntas irregularidades en traspasos millonarios entre Democracia Viva y la Seremi de Vivienda de Antofagasta.
En un giro inesperado dentro del caso Convenios, la diputada Catalina Pérez ha renunciado a su militancia en el Frente Amplio. La decisión se produce luego de la divulgación de nuevos antecedentes que complican aún más su situación, al revelarse que habría tenido conocimiento directo de las controvertidas gestiones entre la Fundación Democracia Viva y la Seremi de Vivienda de la región de Antofagasta.
Según un informe emitido por la Policía de Investigaciones (PDI) con fecha 14 de noviembre, Pérez estaría al tanto de los traspasos de recursos desde julio de 2022, contradiciendo su versión inicial, donde negó cualquier participación o conocimiento en los hechos.
La conexión con Democracia Viva y los mensajes comprometedores
El caso Convenios gira en torno a un acuerdo millonario, superior a los 400 millones de pesos, firmado entre Democracia Viva, encabezada en ese entonces por Daniel Andrade —expareja de Catalina Pérez— y la Seremi de Vivienda liderada por Carlos Contreras. Este convenio, que tenía como objetivo financiar proyectos habitacionales, se encuentra bajo la lupa debido a la presunta malversación de recursos y la falta de transparencia en su ejecución.
Nuevas pruebas, entre ellas conversaciones de WhatsApp entre Pérez y Contreras, refutan la defensa de la diputada, quien había asegurado no estar involucrada. Dichos mensajes confirmarían que estaba informada sobre las gestiones y aprobaciones relacionadas con el convenio.
Además, las investigaciones apuntan a una estrecha colaboración entre Andrade y Contreras, señalando que Pérez podría haber tenido un rol facilitador en los movimientos irregulares de fondos.
La renuncia y su impacto político
Catalina Pérez presentó su renuncia formal al Frente Amplio, decisión que habría sido notificada el 15 de noviembre, coincidiendo con el plazo legal para que los parlamentarios opten por postularse como candidatos independientes o por otras coaliciones políticas.
Esta salida no solo implica un quiebre dentro del Frente Amplio, sino que también evita que el Tribunal
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